En medio de la nueva fase 1 de aislamiento obligatorio impuesta en el AMBA ante el aumento de casos de COVID-19, los medios de comunicación analizan las medidas de gobierno y el impacto económico de la cuarentena en el salario y el consumo.
Luego de marchas y protestas en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano por la extensión de la cuarentena, los medios nacionales agudizaron el ojo editorial en temas de una economía atada a la evolución del coronavirus.
En el diario Perfil, y a través de la editora de política Rosario Ayerdi, se pasa revista a las medidas post pandemia que encara el gobierno a nivel nacional. Allí se dice que el blanqueo de capitales será una de las primeras iniciativas que el oficialismo busca promover en los próximos meses. Y que el objetivo es poner en la calle una parte de los más de u$s 200 mil millones que los argentinos tienen en depósitos y billetes en el exterior. La idea es repatriar capitales para invertirlos en sectores de gran generación de empleo, como por ejemplo, la construcción. Luego, para motivar el consumo, el programa Ahora 12 pasará a ser «Ahora 18», y esas compras tendrían devolución total o parcial del IVA para reactivar la economía. Ver artículo.
En la Ciudad de Buenos Aires ya se está armando el plan de reapertura de distintas actividades como paseos, deportes, peluquerías, restaurantes y museos. Si bien todavía no hay fecha de inicio se apura a que se «filtren» las fases a fin de llevar cierta tranquilidad a la gente.
En el diario La Nación se adelantan los planes para la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires. En un artículo de Jaime Rosemberg se analiza cómo será la nueva normalidad que prevé el gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. Durante la mañana de hoy, el jefe de Gobierno se reúne con Axel Kicillof para hablar de cómo será la «fase 3 ampliada» que se pondría en marcha en la Capital Federal después del 17 de julio. Mientras en la ciudad aseguran que el aumento de casos está estabilizado y se concentra en trabajadores de hospitales y geriátricos, la provincia de Buenos Aires todavía no logra achatar la curva. Ver artículo.
En la edición dominical de Clarín, la periodista Gabriela Samela informa que la mayor parte de las empresas modificó su presupuesto salarial 2020 postergando, disminuyendo o cancelando los aumentos previstos para este año. Se explica que para los salarios fuera de convenio, las subas se congelaron debido a la crisis y, principalmente, al «efecto coronavirus». Incluso, el artículo sostiene que en cargos gerenciales, hasta se dieron recortes del 15% en promedio. Se afirma que a partir de una encuesta de la consultora Korn Ferry, el 36% de esos recortes durarán entre tres a cuatro meses, mientras que un 27% no tiene un plazo definido. Además, se están implementando medidas para abaratar costos, como la reducción de las horas extra. Ver artículo.
En Iprofesional se pone de relevo el uso de las tarjetas de crédito. Un informe de Melina Manfredi consigna que durante junio los préstamos con plásticos volvieron a crecer, impulsados por los créditos a monotributistas a tasa cero -que de acuerdo con los especialistas consultados han sido utilizados principalmente para financiar las necesidades de consumo junto con los programas Ahora 12– y la paulatina apertura de la cuarentena. Desde el inicio del aislamiento, las categorías destacadas son el comercio electrónico y los rubros esenciales, los ganadores de la pandemia en una economía freezada. Ahora, según el artículo, los volúmenes de compra con tarjeta de crédito están retornando a los niveles pre-coronavirus. Ver artículo.
La actividad publicitaria de los influencers llama la atención de Iproup, ya que podría ser regulada en la Argentina, tal como sucede en otros países como España y Colombia, por caso. A partir de la polémica por la «estafa piramidal» de Nuskin, en la que participan muchas famosas con millones de seguidores, la senadora nacional por San Juan del Frente de Todos Cristina del Carmen López Valverde presentó un proyecto de ley para controlar la actividad. Según la iniciativa, los instragramers y referentes de otras redes sociales deberán consignar cuando están haciendo una publicidad paga y podrían pagar impuestos por los ingresos que perciban por esas publicaciones. La medida buscaría ir contra los avisos engañosos o abusivos. Ver artículo Iproup.
