Los recursos de amparo ya se convirtieron en moneda corriente en el ámbito de la seguridad social. Al principio, habían surgido como un fenómeno extraordinario. Sin embargo, ahora cobraron popularidad y se replican sumando conflictos financieros y de toda índole.
Los medicamentos de ultra alto costo se transformaron a la fuerza en un tema clave para las arcas del vapuleado sistema de salud argentino.
A raíz de esto, se multiplican innumerables casos en los estrados judiciales, sobre los que los magistrados se ven compelidos de responder. Esto, casi siempre, apoyados en un endeble corpus técnico-científico que les brinde sustento.
De hecho, hasta diciembre pasado y de acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, la cantidad de juicios de esta naturaleza asciende a 16.806 en la Argentina. De ese total, tan solo 3.330 fueron concluidos, mientras que 13.476 se encuentran en proceso. Aunque en este paquete de reclamos hay que distinguir recursos de diferentes naturaleza. Algunos están relacionados específicamente con medicamentos, otros con prótesis, otros con status de afiliación, otros por prestaciones por discapacidad, etc. Estas cifras reflejan exclusivamente el universo de las obras sociales, dado que las prepagas no están obligadas reportar la información.
En paralelo, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), presentó un proyecto multicéntrico de investigación cuali – cuantitativa en el que rastrearon 405 amparos sobre medicamentos de alto costo a lo largo del período 2017-2020. De ellos, el 92% correspondía al Ministerio de Salud de la Nación y el resto a un Ministerio de Salud de Mendoza y a una obra social. Según el IECS, un solo medicamento, el Spinraza, para la atrofia muscular espinal, se llevó poco más de un quinto de los casos judicializados.
El instituto también identificó una doble situación. Se explicó que casi la mitad de los juicios fueron por medicamentos que estaban listados en el Programa Médico Obligatorio (PMO) o en el Sistema Único de Reintegros (SUR). Aunque con distintos argumentos, los pacientes recurrieron a esa vía porque se les negaba el acceso. En tanto, en casi un 30% de los amparos no estaba aprobado el medicamento para la comercialización en el país en la patología indicada.
A su vez, recientemente, la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), presidida por el juez federal del fuero civil en Ciudad de Buenos Aires, Patricio Maraniello, está convocando a los principales referentes de la Justicia y del ámbito de la seguridad social a un seminario súper especializado y que se llevará a cabo el próximo mes de junio en Bariloche. Allí, se dará cita un nutrido número de profesionales, a fin de debatir en un seminario que llevará como título «Derecho a la salud, actualidad, problemáticas y perspectivas«. Ver Programa. // Ver sitio.
En sintonía, la Universidad Nacional de Córdoba y la AAJC firmaron un convenio de cooperación. Fue a efectos de que la Secretaría de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas brinde asesoramiento a los jueces que reciban pedidos de amparo relacionados con medicamentos de alto costo. En ese marco Hugo Juri, rector de la Universidad, puntualizó que «hay un déficit de recursos humanos en el sector legal, el bioético, en la economía médica». Ver Comunicado.
La judicialización de los medicamentos de alto costo abre el debate. #Medicamentos #AltoCosto #RecursosDeAmparo #Justicia #Farma #Pharmabiz
