La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó a un conjunto de empresas de medicina prepaga, a la UAS y al ex titular Claudio Belocopitt, por presunta cartelización.
El gobierno volvió a poner la mira en las prepagas. Ahora la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) resolvió imputar a siete empresas de medicina prepaga, a la asociación que las agrupa y a quien ejerció como su presidente, por presuntas prácticas de cartelización. Ver comunicado
Las empresas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la imputación son Galeno, Hospital Británico de Buenos Aires, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. Además, también se imputó a la Unión Argentina de Salud (UAS); y a su ex presidente, Claudio Belocopitt, quien renunció a ese rol en abril. Actualmente, el titular de la entidad es Hugo Magonza, director del CEMIC. Ver UAS presidente post Belocopitt
La investigación, que se encuentra en curso, se realizó a partir de una denuncia ante la CNDC por cartelización, en virtud del aumento coordinado de los valores de las cuotas de los planes de salud de las empresas detalladas, entre los meses de diciembre de 2023 y abril de 2024. Antes de la renuncia de Belocopitt, las empresas del sector habían sido cuestionadas por el ministro de Economía Luis Caputo, quien afirmó que las prepagas le estaban «declarando la guerra a la clase media». Ver Renuncia Belocopitt
En ese marco, en abril, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía en conjunto con la CNDC intervinieron dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre. Además, se instó a cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la UAS o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial. Ver Prepagas retrotraen precios
En caso de que la prueba producida resulte suficiente para desvirtuar la imputación, la CNDC podrá disponer el archivo de las actuaciones. En caso contrario, la Secretaría de Industria y Comercio en conjunto con la CNDC podrán multar a las imputadas con hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido.
