Según un informe de CADIME, la cantidad de beneficiarios de obras sociales nacionales alcanzó los 15.380.000 en marzo de este año. Si bien la cifra refleja un crecimiento interanual del 2,64%, aún hacen falta 800.000 nuevos usuarios para alcanzar los valores previos a la pandemia.
Los desequilibrios del sistema de salud argentino siguen estando en el centro de la escena. Esta vez la que le pasó la lupa al estado de las obras sociales locales y su impacto sobre las empresas prestadoras fue la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME).
De acuerdo con el último informe sectorial elaborado por la entidad, la cantidad de beneficiarios de obras sociales nacionales alcanzó a los 15.380.000 de argentinos en el último registro disponible, de marzo de este año. Esto representa un aumento interanual del 2,64%.
De esta manera, las obras sociales nacionales cubren aproximadamente al 33,6% de la población, mediante más de 290 entidades. Sin embargo, todavía quedan por recuperar casi 800.000 beneficiarios, para alcanzar los valores previos a la pandemia, destacó el estudio.
“Este fenómeno se da por el deterioro del mercado laboral, que responde al impacto de la crisis económica y la inflación especialmente sobre las pymes, además de la presión fiscal, las dificultades en el acceso al crédito, y el elevado costo del empleo formal”, explicó Guillermo Gómez Galizia, presidente de CADIME.
En los últimos doce meses, las primeras diez obras sociales del ranking tuvieron un aumento en la cantidad de afiliados de 3,11%. En comparación con el alza del 2,64% general, esta evolución también implica un aumento de la concentración en la cantidad de afiliados.
Según el estudio, las diez primeras entidades (OSECAC, OSDE, OSPRERA, UPCN, UOCRA, OSPE, OSUTHGRA, ASE, Mutual Sancor y UOM) concentran aproximadamente el 43% de los afiliados. Si se añaden las seis obras sociales siguientes en tamaño, alcanzan al 50%.
“Esta concentración implica que la mayor parte de los beneficiarios del sistema es asistida por obras sociales que no llegan a recaudar, contabilizando aportes más contribuciones más el fondo solidario de redistribución, el valor de la cápita promedio del Programa Médico Obligatorio o PMO”, continuó el representante de CADIME.
“El desfinanciamiento de las obras sociales impacta sobre los beneficiarios, ya que se resiente el acceso a los servicios necesarios en forma oportuna y en condiciones de calidad adecuadas, y compromete la capacidad de pago a los prestadores. Es decir, afecta la atención de la salud de millones de argentinos y la sustentabilidad de las pymes prestadoras”, subrayó Gómez Galizia.
De acuerdo al estudio, el valor de la cápita promedio anual de las obras sociales nacionales -es decir, el de su recaudación dividida por beneficiario- asciende a $6.335 (u$s 25,86) según el último registro. En términos constantes, disminuye un -14% en los últimos cinco años.
En ese sentido, CADIME considera que no existen indicios sobre la posibilidad de recuperar valores de años anteriores, impactados tanto por la caída del salario real como por la incorporación considerablemente mayor de trabajadores de regímenes especiales, con menor ingreso promedio per cápita.
En tanto, el costo del PMO financiado por las obras sociales nacionales alcanza los $5.257 (u$s 21,46). No obstante, sólo el 38% de los beneficiarios de obras sociales tiene una cobertura cuyos ingresos superan el costo del PMO per cápita.
“Algunos sectores vienen sufriendo transformaciones significativas en cuanto a su nivel de actividad y productividad, lo que disminuye el número de aportantes, lo que representa el factor crítico, junto con el salario promedio, para definir el ingreso económico de cada organización. El sistema de salud no se ha reformado, pese a las transformaciones del mercado laboral”, indicó Gómez Galizia.
A modo de conclusión, el informe de CADIME remarca que el desfinanciamiento de las obras sociales impacta directa y negativamente sobre sus beneficiarios y sobre los prestadores. «Compromete la atención en términos de acceso, oportunidad y calidad, y la viabilidad económica de los prestadores, especialmente de las pymes”, completó.
u$s 1 = $245,02 (Cotización BCRA al lunes 22/05/23).
