El gobierno y la CGT buscan que una reforma del sistema de obras sociales se apruebe en el Congreso antes de fin de año. El proyecto propone más aportes para frenar el desfinanciamiento. En tanto, la UIA estaría en contra de «más impuestos al trabajo».
El financiamiento de las obras sociales sigue siendo un tema ríspido durante esta cuarentena. Ricardo Carpena anticipa en Infobae que el gobierno y la CGT están trabajando en un proyecto de ley que contemple un aumento en los aportes de los trabajadores y empleadores. Ver artículo Infobae. Ver artículo.
La mayoría de los cambios surgen de un documento de 12 puntos que la CGT entregó a mitad de año a la Superintendencia de Servicios de Salud. Allí figura, por caso, que se descuente el 15% a quienes optan por una prepaga y que, por tanto, no aportan al Fondo Solidario de Redistribución, que se ocupa del reintegro de dinero al sistema de salud por tratamientos de alta complejidad.
Según el artículo, Alberto Fernández le dio luz verde a la iniciativa, que ya empezó a ser conversada con diputados y senadores del oficialismo. Sin embargo, el periodista sostiene que el proyecto afronta dos grandes problemas para su sanción.
Actualmente, las obras sociales se financian con el aporte del 3% del sueldo bruto de los trabajadores y el 6% que paga el empleador, consigna Infobae. La fórmula que estudian aumentaría un punto el aporte del personal -del 3% al 4%- y otro punto a la empresa -del 6% al 7%-.
Por un lado, el malestar que generará que, en un contexto de crisis económica, a los trabajadores se les haga más descuentos de sus salarios. Por otro, la resistencia que presentará el sector empresarial a sumar más costos.
“No estamos de acuerdo con más impuestos al trabajo que generan más informalidad, menos empleo y menos competitividad”, afirmó a Infobae el vicepresidente de Asuntos Laborales e Internacionales de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien agregó que la entidad no fue consultada sobre el aumento de los aportes.
Actualmente, las obras sociales se financian con el aporte del 3% del sueldo bruto de los trabajadores en relación de dependencia y el 6% que paga el empleador, explica la nota. La fórmula que estudian el Gobierno y la CGT aumentaría un punto el aporte del personal -del 3% al 4%- y otro punto a la empresa -del 6% al 7%-, con lo cual las contribuciones mensuales al sistema sindical de salud ascenderían en total del 9% al 11%.
El artículo menciona que la reforma proyectada también incluiría la creación de una nueva canasta de prestaciones médicas que reemplazaría al actual Programa Médico Obligatorio (PMO), que establece las coberturas mínimas que se deben brindar. Al mismo se fueron incorporando nuevas patologías y medicamentos que terminaron asfixiando financieramente al sistema de salud, analiza Carpena.
La CGT quiere reflotar la idea de crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET-. Una agencia que, al igual que en otros países del mundo, regule las pautas de financiamiento de las nuevas tecnologías en materia de tratamientos médicos y que fue uno de los temas de la gestión de gobierno de Mauricio Macri. Según remarcan los sindicalistas, algunos medicamentos son muy costosos y no siempre su eficacia está garantizada, pero a veces las obras sociales deben pagarlas de todas formas porque surge de amparos judiciales presentados por los pacientes. Ver artículo Spinraza.
Otro aspecto clave del proyecto es la provisión de medicamentos, uno de los rubros más costosos para las obras sociales. Para abaratar los precios se analiza un esquema con protagonismo del Estado o bien sistematizar la compra comunitaria. Aunque esta opción sería voluntaria porque hay entidades sindicales de salud más poderosas y que tienen mayor capacidad de negociación.
