Obras Sociales en status, informe

Nicolás Balinotti realiza una puntillosa radiografía de la situación actual del presupuesto de salud en esta etapa de pandemia y cuarentena en el diario La Nación.

Según detalla el artículo, «la caja sindical de la salud comenzó a quedar vacía». Por eso dice, hasta no hace mucho Luis Barrionuevo fantaseaba con que allí se atesoraban unos $30.000 millones que les pertenecen a los gremios. Sin embargo, y no solo como consecuencia de la pandemia por el coronavirus, ese monto es un espejismo y no superaría hoy los $6000 millones. Ver artículo La Nación.

Se trata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja que se alimenta del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios. Es la fuente de sustento de casi 290 obras sociales sindicales que existen en el país. Así se alude a la famosa caja sindical por la que según Balinotti, los dirigentes son capaces de todo.

En la nota se explica que «el gobierno negocia desde antes de la pandemia con la CGT el reintegro de $15.000 millones para las prestadoras médicas por expedientes de vieja data relacionados a tratamientos de alta complejidad». Se afirma que unos $3150 millones serían distribuidos a partir de esta semana por la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS). Por lo que se prevé que «con ese gesto, la gestión de Fernández se garantizó la ayuda de los gremios en caso de un colapso en la salud pública en plena pandemia, pero además forzó una tregua entre el jefe de la SSS, Eugenio Daniel Zanarini, y los sindicalistas».

Balinotti menciona que Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, mantuvo hace algunos días un tenso intercambio con Zanarini por el reparto del dinero. Hubo pases de facturas. A Daer le llamaron la atención dos cuestiones, luego corregidas tras la intervención del ministro de Salud, Ginés González García, y algunos dicen también del mismo Presidente. La primera irregularidad detectada por la cúpula cegetista fue el favoritismo hacia la obra social de los camioneros, que preside Hugo Moyano.

La otra polémica se generó cuando se distinguió que la obra social del personal superior de Mercedes Benz recibiría $24.281.387. Esta prestadora, como muchas otras, son consideradas por algunos dirigentes como «sellos de goma». Cuestionan que funcionan como puentes hacia las prepagas más poderosas, como OSDE o Swiss Medical. En la jerga, se le llama el descreme o desregulación de los aportes. La CGT sospecha que Zanarini jugó para las prepagas cuando ideó el esquema de reparto.

Se consigna que en medio de estas tensiones y con fuertes diferencias, González García, los gremios y los empresarios de la salud activaron un comité para revisar los alcances del Programa Médico Obligatorio (PMO). «A las prepagas si no les pagás, no te atienden. En cambio, nosotros tenemos la obligación de prestar el servicio por el sistema solidario. Hay un PMO judicial por las demandas que nos comemos», se quejó el presidente de una obra social sindical.

Con la atención puesta casi exclusivamente en el coronavirus, las prestadoras médicas sindicales redujeron su recaudación entre un 25 y 30% porque hay muchas pymes que no realizaron los aportes por la crisis, según fuentes gremiales. En el caso de OSECAC, la obra social de Comercio, que es la más grande, con 1.800.000 beneficiarios, la pérdida sería incluso mayor. Allí, además, tienen bajo supervisión a unos 100 casos propios de coronavirus, de los cuales 15 serían de gravedad. Se tratan todos de empleados de supermercados que viven en el área metropolitana.

La negociación que se abrió ahora entre el Gobierno y los gremios es por el origen del dinero que servirá como compensación por las caídas en la recaudación. En la CGT consideran que esos recursos deberían salir del Tesoro. En la SSS, en cambio, sostienen que son parte del FSR y del fondo de emergencia para afrontar la pandemia, según comunicó el organismo.

Balinotti explica que los millones del Fondo Solidario comenzaron a licuarse cuando la CGT pactó en el primer año de la gestión de Macri un reparto escalonado y la activación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), un ambicioso plan cuyo objetivo era darle prestación sanitaria a quien no la tiene y reforzar el sistema público. Como parte de aquella distribución, los gremios aceptaron que $14.000 millones sean colocados en bonos a cobrarse en 2020. Se los llamó Bonar. «A los Bonar 2020 nunca los vamos a cobrar ni se van a monetizar. Son solo papeles. No hay plata líquida», se resigna una fuente inobjetable de la CGT que conoce como pocos el rubro de la salud.

También durante el macrismo se había avanzado en una posibilidad de fusionar obras sociales, ya que muchas de ellas por entonces eran económicamente inviables. Esa fue la carta que Jorge Triaca blandió alguna vez como parte de una negociación con la CGT y la CTA. La fusión de obras sociales vuelve hoy a ser una posibilidad ante la crisi, dice el periodista. En la CGT reconocen que hay más de una obra social sindical con graves problemas de caja. Una de ellas sería la de los docentes de OSPLAD, donde se pagan salarios escalonados en cuotas, como sucedió en abril. OSPLAD depende de la CTERA, donde tallan con fuerza los kirchneristas Hugo Yasky y Roberto Baradel.