Se trata de un mercado cautivo de $264 millones. Hasta ahora está en manos de los que producen medicamentos de marca. Ahora se introdujo en la disputa un proyecto alternativo que impulsa la compra de genéricos por parte de la obra social de los jubilados
Los laboratorios que producen medicinas de marcas están con la mirada puesta en el 31 de marzo. Ese día será una fecha clave para las compañías nacionales nucleadas en CILFA y Cooperala y también para las multinacionales de CAEME. Son las tres cámaras que mantienen acuerdos con el PAMI para proveer de medicamentos a las farmacias y de esa manera llegar al consumidor.
El último día de marzo vence el convenio: que viene renovándose trimestralmente, pero esta vez hay una diferencia: Graciela Ocaña, la interventora del PAMI, dilató el diálogo con los fabricantes por más de dos meses. Ayer lunes los atendió después de reiterados pedidos de audiencia.
Al terminar la reunión, los ejecutivos se llevaron la promesa de que el convenio se renovaría por otros treinta días. Y desde esta semana se sentarían a negociar los términos de un contrato de más largo plazo que entraría en vigencia en mayo.
En la actualidad, el convenio entre el PAMI y la industria se basa en un vademécum cerrado de marcas, por el que PAMI paga un canon mensual fijo de $22 millones. El compromiso es que si los jubilados consumen por encima de ese número -lo que sucede habitualmente-, la diferencia cae sobre las espaldas del conjunto de los laboratorios que respaldan ese contrato. Y para las negociaciones que comenzarán en estos días se prevé que uno de los temas claves de discusión será el monto de esa suma fija.
Por un lado, la industria farmacéutica entiende que es insuficiente para el nivel de prestaciones que está otorgando, mientras que el PAMI solicitaría un mayor nivel de servicios. Ahora la industria ya tiene un respiro y se siente sobre terreno más seguro.
Sin embargo, los dos meses de silencio de radio de Ocaña generaron cierta incertidumbre acerca del futuro del tradicional contrato. De hecho, los laboratorios ya estaban en autos acerca de un proyecto alternativo presentado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que nuclea a los farmacéuticos de todo el país. La iniciativa de la COFA se basa en un plan de gerenciamiento para que se recete de acuerdo a la ley de prescripción de medicamentos genéricos y, de esa manera, afirman que se ahorrarían sumas de importancia. Fuentes de la COFA aseguraron que el interés de la entidad es alinearse tras el discurso del Gobierno que ya deslizó que no quiere intermediarios.
Por eso, la idea sería cerrar un acuerdo con los prestadores directos de este servicio, que en este caso son las farmacias. Unos y otros están detrás de un mercado de $264 millones anuales y un padrón que ronda los tres millones de afiliados.
Por otra parte, los laboratorios están atentos a otro objetivo no menos importante: le reclaman al PAMI $40 millones en concepto de deuda corriente. Y como el pago es en cadena, los laboratorios a su vez le deben a las farmacias un total de tres quincenas. Para ser exactos, el último cheque que recibieron los minoristas fue el 16 de marzo, cuando cobraron las ventas de diciembre. A esto habría que sumarle la deuda predevaluación que tiene pendiente el PAMI y que ya acumulo $170 millones.
Por Cristina Kroll
