La balanza comercial de la biotecnología es deficitaria en la Argentina. En ese escenario, desde el Estado se impulsa el desarrollo de diferentes plataformas jurídico impositivas a fin de que el sector despegue. Hoy el nivel de exportaciones es de u$s 400 millones pero resulta más que insuficiente.

La biotecnología estuvo en el centro de un debate titulado «Geopolítica de las vacunas, hacia una estrategia argentina de desarrollo y producción”, que fue desarrollado en el Museo del Bicentenario.

Uno de los conceptos troncales llegó de la mano de María Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo. La funcionaria fue taxativa al afirmar que «la industria de la salud es un sector eje dentro de nuestro entramado productivo«. A su vez, Apolito remarcó que se trata de una industria generadora de empleo de calidad y divisas.

Los diferentes esquemas de relacionamiento entre el ámbito público y el privado se pusieron sobre la mesa. Se destacó que el abanico de opciones es variopinto y se invitó a las partes a incursionar y a probar los modelos que mejor calzan.

En ese contexto, la funcionario remarcó que se trabaja para sustituir importaciones y que en ese proceso, «lo central es la innovación». Apolito indicó que hoy el rubro de la biotecnología exporta u$s 400 millones, lo que resulta de combinar las áreas dedicadas a la salud animal y a la humana, y al agro. Aunque aclaró que existe un enorme déficit en términos de importación de biosimilares humanos de segunda generación. «Ahí es donde tenemos el desafío y a donde se está apuntando«, sostuvo.

La funcionaria trajo a la mesa el programa Producir + Salud, que está conformado por dos verticales claves. Una es la Ley de Economía del Conocimiento, que arrancó acabadamente en marzo de este año, y la otra es el del régimen Biotecnología Moderna, cuya sanción data de 2017. Ver artículo Biotecnología Moderna: definen comisión. Ver artículo Ley del Conocimiento: oficial en Boletín.

Según la subsecretaria, además de los programas que ya existen, en breve se lanzará una nueva convocatoria con un cupo fiscal de $280 millones (us$ 2,7 millones), que a los beneficios ya conocidos de una amortización acelerada de bienes de capital y una devolución anticipada del IVA se le sumará el reintegro del 50% de los gastos en I+D en bonos de crédito fiscal. El objetivo, resaltó, es motivar la inversión privada y el vínculo entre la ciencia, la tecnología y la producción. Y así, se busca mejorar la performance y aprovechar la capacidad instalada local.

Desde el ámbito privado, el que se subió al estrado fue Mariano de Elizalde, el CEO del laboratorio Biosidus, quien trajo a colación que la empresa ha sido pionera en el segmento. Señaló que hace 40 años se investiga y se desarrollan medicamentos biotecnológicos en la Argentina. A su vez, explicó que en 1990 la empresa lanzó el primer producto biológico y que hoy exporta a mas de 50 países. Además, afirmó que la firma cuenta con capacidad ociosa, que estratégicamente «decidimos tener en medicamentos biotecnológicos, que quizás hoy la podemos utilizar en este marco de emergencia». Bajo ese paradigma, se está analizando hacer el fill & finish de alguna vacuna.

Además, Elizalde se refirió a los interferones que posee Biosidus en su portfolio, y que en muchos países son parte de las guías de tratamiento para el COVID-19. «Estamos haciendo un estudio de interferón beta inhalado en el Hospital de Clínicas, en conjunto con Proinvet, otra empresa argentina», destacó. Así puso de relieve un tipo de acuerdo entre eslabones privado – privado.

Jorge Cassará, CEO de laboratorios Cassará, retrocedió aún más en el tiempo y desempolvó la ley 23.877, la que recordó que tuvo su punto de partida hace 30 años. La misma, dijo, que facilitó la creación del instituto público privado de la Fundación Pablo Cassará y el CONICET, el Centro Milstein. Desde allí, explicó que surgió el Neokit, lanzado en mayo de 2020, para llevar a cabo testeos de COVID-19. Además en ese centro resaltó que se está desarrollando una vacuna diseñada 100% en la Argentina. ¿Por qué una vacuna nacional contra el COVID-19? El ejecutivo detalló que la misma está pensada para actuar como refuerzo, en tanto los anticuerpos de las primeras vacunaciones pueden decaer y no está clara la protección de la inmunidad celular. Además, precisó que ya se cuenta con la tecnología y el clon productivo para atacar la variante de Manaos, y que por la seguridad de su diseño podrá ser aplicada en adolescentes.

Por último, Linus Spatz, socio fundador de Inmunova -una asociación público-privada en la que el principal accionista es el Grupo Insud, de Hugo Sigman-, explicó que previamente a la pandemia, la firma trabajaba en el síndrome urémico hemolítico, junto con la FDA, la ANMAT y la EMA, con quienes se había consensuado un plan regulatorio y de desarrollo clínico, aunque se debió detener el ensayo clínico que desarrollaba en la Argentina. «Rápidamente y con el mismo concepto -un suero hiperinmune– en ese caso contra una toxina y en este, contra el COVID-19, nos pusimos a trabajar. A finales del 2020 se concluyó el ensayo clínico y la ANMAT lo aprobó», indicó. Al día de hoy, precisó que el suero hiperinmune equino contra el coronavirus fue utilizado en 17 provincias y en más de 250 hospitales, y que junto a la aplicación temprana está ayudando a bajar las tasas de mortalidad y de ingreso a terapia intensiva.

u$s 1 = $100,36 (Cotización BCRA al miércoles 09/06/2021 a las 15 horas)

 

Biotecnología Moderna: definen comisión

Ley del Conocimiento: oficial en Boletín

 

 

Artículo anteriorBoletín de Pases: novedades de junio
Artículo siguienteO Boticário, nuevo flagship en Brasil

DEJA UNA RESPUESTA

Escriba su comentario
Ingrese su nombre