Quien quiera entrar a una fábrica tiene que vacunarse: en un contexto de reapertura de negociaciones paritarias de distintas ramas de actividades obligada por el rebrote inflacionario, las declaraciones realizadas en las últimas 24 horas por Daniel Funes de Rioja, flamante titular de la Unión Industrial (UIA), tensa más la relación entre sindicalistas y empresas.

Los conceptos vertidos por el principal referente de la UIA sobre un posible impacto del rechazo a la vacuna y la percepción del salario, no tardaron en encontrar respuesta por parte del ala sindical. Ver artículo UIA: vacunas y presencialidad.

Desde la CGT, un comunicado firmado por Jorge Sola, el secretario de Prensa de la central de trabajadores que mueve la aguja, expresa «castigar en un derecho laboral a quienes debería solicitarse un compromiso colectivo o social respecto del plan de vacunación contra el coronavirus no es para nada el camino adecuado».

Asimismo, Héctor Daer, uno de los dos secretarios generales de la central sindical y titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), se sumó al debate a través de declaraciones radiales realizadas esta mañana: «Es absurda, ilegítima e ilegal la propuesta de la UIA. El salario no puede estar en juego por no vacunarse«.

De la UIA forma parte la cámara industrial de laboratorios CILFA, que fue catalogada como una industria esencial desde el día uno de la cuarentena en marzo del 2020. Las plantas de manufactura, así como las de las droguerías, se mantuvieron plenamente activas y su personal tuvo que responder a estrictos protocolos. Y a pesar de que las empresas solicitaron se incluya a los trabajadores de esta industria como uno de los grupos prioritarios de vacunación, esto nunca prosperó. Ver publicación en Twitter.

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