Al boom de casos de COVID-19 se sumó una histórica ola de calor en la Argentina. En ese contexto, las tarifas de los servicios y la demanda energética estuvieron en el centro de la escena. Además, en los negocios se puso la lupa sobre el ausentismo en las empresas.
Los cortes de electricidad, sin dudas, se constituyeron en el gran tema de la semana. En La Nación, Diego Cabot informó que los subsidios a la energía subieron fuertemente y superaron los desembolsos que se destinan a la salud. La Asociación Argentina de Presupuesto dio a conocer que en once meses de 2021, las transferencias corrientes al sector energético fueron de $929.666,4 millones, un aumento de 133,8% si la comparación es interanual, mientras que, en el mismo periodo, el Ministerio de Salud utilizó un presupuesto de $140.520 millones, un alza de 97,8%. Ver artículo La Nación.
La ola de COVID, en tanto, impacta de forma directa en la actividad industrial y, como consecuencia, el Gobierno apura medidas para evitar que la situación siga empeorando. Según un artículo de Lorena Rodríguez en Perfil, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, se reunió este viernes con el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, para analizar qué medidas llevar adelante. Se señaló que se autorizaría el uso de tests rápidos en las empresas y parques industriales. A su vez, también se planteó la necesidad de que las ART retomen su responsabilidad de cubrir al COVID-19 como una enfermedad laboral. Ver artículo Perfil.
El año laboral asimismo, presenta varios cambios para este 2022. Como detalla José Luis Ceteri en un artículo de Iprofesional, el decreto actual dispuso ampliar, hasta el 30 de junio de 2022, la emergencia pública en materia ocupacional declarada originariamente en el año 2019. Varias novedades sobre las relaciones laborales fueron puestas en la mesa. Entre ellas se encuentra el fin de la prohibición de los despidos ya que el Gobierno no la prorrogó; como tampoco postergó la prohibición de efectuar suspensiones a trabajadores por fuerza mayor. Por otra parte, se postergó el paso de las indemnizaciones agravadas por seis meses y, por último, lo que se había dispuesto en relación de tratar a la enfermedad por COVID-19 no sigue en vigencia. Aquellos que contraigan la enfermedad estarán sin la cobertura de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Ver artículo Iprofesional.
Los salarios, a su vez, ya acumulan 4 años de caídas consecutivas, con un promedio del 20%, y las perspectivas para 2022 no son prometedoras. En Clarín, Damián Kantor dio a conocer que el porcentaje de la caída del poder adquisitivo aplica a los trabajadores registrados porque el deterioro fue mayor entre los casi 6 millones que trabajan en la informalidad. Por otra parte, el investigador del IAE Business Schools, Martín Calveira, detalló que el sector privado no registrado tuvo una mayor pérdida real debido a que el aumento respecto de 2020 fue solo 38,4%. Mientras que el sector privado formal mostró una evolución interanual de 52,8% y los salarios del sector público, un 56,7%. Ver artículo Clarín.
