Las compras públicas de insumos utilizados en esta pandemia del COVID-19 siguen en agenda. Ahora y según un análisis realizado por el Programa Lupa y el diario Perfil, un proceso para la adquisición de barbijos quedó bajo fuego luego de que la Inspección General de Justicia inicie una investigación a una de las compañías que vendió presentaciones tricapa.
Nuevas controversias surgidas en torno a la compra de barbijos en la Ciudad de Buenos Aires se reflejaron en un artículo del diario Perfil que lleva la firma de la subeditora de Política, Emilia Delfino.
Esto es porque varias de las adquisiciones que se realizaron para abastecer al sistema de Salud de Capital Federal fueron analizadas por el Programa Lupa y el diario Perfil. Y ahora, según lo publicado, la Inspección General de Justicia -IGJ- inició una investigación a una de las compañías que vendió barbijos tricapa. Ver artículo Diario Perfil.
Se trata de la empresa Grupo DVU, que curiosamente su principal rubro es el de la construcción y que resultó adjudicataria en dos compras directas de 210 mil mascarillas por $22.6 millones, equivalentes a u$s 330.9 mil -al valor del dólar oficial al momento de las transacciones-, según las publicaciones del Boletín Oficial porteño.
Según el organismo de control, la compañía no está inscripta para “suministrar, importar o comercializar” insumos médicos, a pesar de tener un “amplísimo” objeto social, que incluye desde transporte, salud, agropecuaria, comunicaciones, espectáculos, industria manufacturera, gastronomía, inmobiliaria, petrolera e inversora y financiera.
De las ocho contrataciones realizadas por la Ciudad entre el 30 de marzo y el 5 de junio, el barbijo tricapa más costoso fue el cotizado por Grupo DVU. La empresa actuó como intermediaria, ya que no fabricó los tapabocas que entregó, según la resolución oficial. La firma ofertó $108 la unidad -alrededor de u$s 1,60, al momento de la compra-, según el análisis del Programa Lupa y Perfil publicado en julio. Ver artículo Barbijos polémica por precios.
El medio propiedad de Jorge Fontevecchia, aclara, intentó contactarse con la compañía, que ni siquiera tiene página web y no publica sus teléfonos en guía. En su domicilio legal, un departamento en el barrio de Flores, tampoco se encontró a nadie. Esto porque la IGJ intentó notificarla el 5 de agosto pero en la dirección que figura como propia respondieron que no conocían a la empresa, según confirmó una fuente oficial del organismo.
El inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, ordenó investigar e inspeccionar a los socios, administradores y al estado patrimonial de la empresa. También solicitó al gobierno porteño el legajo administrativo de las compras directas de barbijos realizadas a Grupo DVU, inscripta en la modalidad de “Sociedad por Acciones Simplificadas” (SAS), un método para crear firmas en 24 horas que habilitó la gestión de gobierno anterior.
El organismo de control, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, emitió una resolución oficial el 3 de agosto en la que sostiene que esta sociedad se inscribió en junio de 2018 con un capital social de $19 mil y con un único accionista y administrador. De acuerdo a la IGJ, el Grupo DVU no informó la ampliación de su capital social que justificara su capacidad para haber afrontado la compra de los barbijos para el gobierno porteño.
