Las cámaras que agrupan a los laboratorios farmacéuticos estamparon ayer la firma al acuerdo de precios con el Gobierno. Las cámaras CILFA, CAEME y Cooperala retrotraerán los precios de una canasta de 250 productos a los vigentes en diciembre pasado. Los medicamentos incluidos cubren el 80% de las patologías.
La medida, empero, se chocará contra la realidad de la seguridad social, que mientras mantenga su alto endeudamiento con la cadena de comercialización obliga a los sectores más desprotegidos a comprar cash el 100% del valor del medicamento. Por eso, la mayor obra social del país, el PAMI, está suspendida en todas las farmacias por la deuda que mantiene con ellas y que asciende a $120 M.
En tanto, los laboratorios no vislumbran perspectivas favorables en el corto plazo, por lo cual están presionando con el tema crucial: que no se avance con la chance de que el farmacéutico pueda cambiar las marcas que prescriben los médicos.
Respecto de la deuda que mantiene el PAMI, hay un dato “curioso”. Existe una garantía del Banco Nación para los pagos de esa obra social vigente desde hace 5 años pero no ha sido activada.
Hernán López Bernabó, de CILFA, cree que “el esfuerzo de la industria está de manifiesto, pero de ninguna manera puede reemplazar al Estado”. Dijo a BAE que las cámaras ya aportaron $30 M al sector público con la entrega de medicamentos a los hospitales. En tanto, la industria puja por un “farmadólar” para comprar insumos a un dólar estable.
Por Cristina Kroll
