Mientras la capacidad instalada de los laboratorios está operando a 50%, hay tres proyectos legislativos que estimulan la producción
EI senador radical Eduardo Moro propuso en abril la creación de un régimen de producción y comercialización de medicamentos en el ámbito de la jurisdicción pública. El objetivo es cubrir la demanda del ámbito público y la seguridad social. Además, hay otra propuesta de los justicialistas Jorge Daud, Dante Elizondo y Hugo Cettour que impulsa la creación del Instituto para la Producción de Medicamentos para la Inclusión Social. El propósito es coordinar la actividad de los laboratorios dependientes del Estado para centralizar la compra directa o licitación de drogas para fabricar medicamentos para aprovisionar hospitales públicos y otras instituciones.
Otro proyecto es el de Alicia Gutiérrez y Eduardo Macaluse (ARI) que dice que «ante la emergencia sanitaria nacional se incentive la producción y distribución de medicamentos fabricados en laboratorios estatales«. Infobae dialogó con los asesores de los provectos. El único que avanzó para su discusión fue el de ARI. Pero todos tienen algo en común.
El objetivo del plan es que los veinte laboratorios estatales de mayor peso aumenten su productividad. Los más destacados son el LEM de Rosario, municipal de Río Cuarto, provincial de Santa Fe, el de la Universidad de San Luis, los municipales de Trenque Lauquen y Hurlingham, los que funcionan bajo la órbita de los talleres «protegidos» porteños, territoriales de Viedma, San Juan, Misiones, Formosa y los que dependen de las fuerzas armadas.
Contraargumentos
Gutiérrez afirmó que «se debe tomar una decisión independiente de las reglas de los privados, que no sigan sus criterios de rentabilidad«, y agregó que se deben producir un conjunto de medicamentos esenciales y conformar un vademécum nacional. Gutiérrez aseguró que los costos de los estatales son siete veces menores que los del ámbito privado. Desde este último sector se quejan argumentando que «para el Estado es fácil producir si no tienen que pagar IVA, Ganancias ni impuestos«, dijo el ejecutivo de un laboratorio que abastece al Estado. Los especialistas aseguran que los que dependen del ámbito público pueden abastecer a pequeñas comunidades, pero no tienen escala para ser grandes proveedores de calidad. La Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) dice que «si bien existe una emergencia sanitaria, se debe a una falta de recursos del sector público para brindar la atención necesaria. De ninguna manera puede relacionarse con una falta de producción de medicamentos«. Por la capacidad instalada de los privados «es innecesario destinar recursos públicos para incentivar la producción«, dijo Clara Suárez, de Cooperala.
Cettour afirma que uno de los fines que podrían tener los estatales es proveer a planes sociales. Y aclara que el Plan Remediar tiene un limite temporal respecto de su financiamiento externo.
Uno de los proyectos plantea que el Estado coordine la producción de medicamentos por especialidad según los perfiles epidemiológicos regionales. Hay unos veinticinco laboratorios estatales que producen medicamentos. Entre ellos, sólo la UTN, la Universidad de Córdoba, de las FE.AA., de Formosa y el Instituto Maiztegui de Pergamino cuentan con la aprobación del ANMAT. El crecimiento de los proyectos estatales se acrecentó en el último año a raíz del rojo financiero que atraviesan la mayoría de las provincias.
Por Cristina Kroll
