La provisión de medicamentos de ultra costo mediante la vía del amparo le implicaría al Estado un desembolso de $3.018 millones (u$s 28,3 millones) este año. Con la terapia génica Zolgensma, de la suiza Novartis, a la cabeza de los reclamos, la FEMEBA puso el tema de la judicialización en el centro de un webinar.
Muchos eventos del sector retomaron una agenda face to face. La Fundación de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA), en cambio, realizó una conferencia 100% virtual, que se trasmitió hoy a través de YouTube. Ver sitio.
En el coloquio se reflexionó sobre la judicialización de los medicamentos de alto costo, un tema clave para el sistema de salud de la Argentina. Marisa Aizenberg, integrante de la Comisión de Bioética de FEMEBA, actuó como moderadora.
Los oradores fueron Natalia Messina, directora de Medicamentos Especiales y Alto Precio en el Ministerio de Salud de la Nación; Néstor Martín, vicepresidente del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA); Luciana Escati Peñaloza, de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF); y Gustavo Caramelo, profesor de Derecho y juez nacional en lo Civil.
“El alto costo impacta en el bolsillo de los financiadores«, señaló Messina durante su exposición. La funcionaria puntualizó que en lo que va del 2021 se registraron 142 solicitudes de cobertura de Medicamentos Especiales y Alto Precio (MEAP) a través de la figura del amparo.
En base a las presentaciones judiciales, desde la cartera de salud presupuestaron para este 2021 una erogación de $3.018 millones (u$s 28,3 millones) millones) para atender las demandas de 120 personas. «El gasto anual estimado para 2021 en base a los amparos es de más de $25 millones (u$s 234 mil) por persona, cifra que contrasta con el gasto anual promedio de REMEDIAR que es de $520 (u$s 4,9) por persona», destacó
Para graficar el monto que representan las demandas vía amparo, Messina señaló que «REMEDIAR es un programa que atiende a 15 millones de personas con un presupuesto de $7.800 millones (u$s 73,1 millones), mientras que el gasto anual del Banco Nacional de Drogas Oncológicas es de $850 millones (u$s 8 millones) para todos los pacientes del sector público del país».
En tanto, Caramelo destacó que «los jueces no vivimos en una zona de confort. La regulación general no está a cargo del poder judicial, nosotros solo hacemos la modulación fina del caso concreto que no encuentra respuesta en la administración del sistema”.
El magistrado admitió que la justicia tiene una estructura del siglo XIX para resolver problemas del siglo XXI. «Tenemos que manejarnos con fuentes de información imparciales, como la originada en el Ministerio de Salud. Los prestadores o las asociaciones de pacientes no lo son, no podemos decidir en base a sus intereses. Buscamos tener la mejor calidad de fundamentación posible«, subrayó.
«Hay situaciones que salen de la previsión por su propia naturaleza o porque alguien las quiere presentar como situaciones excepcionales. A veces hay amparos oportunistas que buscan imponer el uso de un determinado medicamento«, añadió.
En su exposición, Escatti Peñaloza puntualizó que en el mundo existen 8 mil enfermedades poco frecuentes (EPF) identificadas. «Se estima que solo el 18% de las personas tiene la alternativa de un tratamiento terapéutico. Alrededor del 6% de la población mundial vive con alguna de estas enfermedades, en Argentina hay 3.6 millones de afectados«.
La titular de la FADEPOF señaló que «no todos los pacientes con problemas de salud acceden realmente a la justicia, es un desafío para las personas. Muchas veces incluso no hay respuesta, porque a pesar de tener instancias cautelares a favor, el prestador no brinda la respuesta«.
“Nos preocupa mucho también el tema de la mala prescripción. Nadie quiere recibir una medicación que no le corresponda», dijo Escatti Peñaloza. «Por otro lado, vemos la necesidad de actualizar el vademecum para que los pedidos no sean siempre por vía de excepción», sostuvo.
Por su parte, Martín contó la experiencia del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. “Invitamos a jueces, letrados de las obras sociales regionales, representantes de colegios de abogados. Ubicamos el tema en coloquios y debates de ideas para comenzar a escucharnos cada una de las partes. El objetivo fue encontrar un canal de diálogo con el objetivo de minimizar la judicialización”, remarcó.
Como parte de este proceso, «actualizamos nuestros nomencladores y protocolos, porque a veces la medicina es dinámica y esto no se traslada con la misma velocidad a las obras sociales«, destacó.
Las charlas, que fueron seguidas por poco más de 120 participantes, estuvieron dirigidas a equipos de salud, a la comunidad en general, a los tomadores de decisiones, a los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales y otros agentes de la industria, con un enfoque particular de los miembros de los comités de bioética.
Los disertantes dialogaron sobre los problemas éticos, legales y sociales que emergen en la evaluación, regulación y gestión del acceso a los medicamentos y dispositivos de este segmento en los subsectores público, privado y de la seguridad social.
u$s 1 = $106,64 (Cotización BCRA al lunes 06/12/21 – 15.00 hs)
