Diferentes renegociaciones de precios realizadas durante la gestión de gobierno anterior se están cayendo como naipes. Ahora, el interpelado es el grupo nacional Cassará, por medio de su distribuidora Pharmos. El ministro de Salud Ginés González García pone blanco sobre negro a una actualización de precios del 50%. Antes ya habían sido cuestionados contratos con Novartis; Lazar; y Klonal.
El ministro de Salud de la Nación, Ginés González Garía continúa revisando los expedientes de las compras públicas realizadas durante la era Macri. En junio, por caso, echó para atrás renegociaciones de precios realizadas con tres laboratorios en la gestión de gobierno anterior.
Y ahora la que quedó bajo la mira fue la resolución 2871 del 1° de noviembre del 2019, mediante la cual la ex Secretaría de Gobierno de Salud del entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social aprobó una renegociación de precios. La misma fue respecto de la orden de compra n° 80-1152-OC18 la que se consolidó a favor del grupo Cassará por la suma de $16.2 millones (u$s 257.1 mil*), en el marco de la licitación pública 27/17 de la cual participó a través de su distribuidora Pharmos. Ver resolución 1285
De acuerdo a lo detallado en la resolución 1285 publicada ayer en el Boletín Oficial, Pharmos argumentó que «desde la fecha de la cotización -1 de diciembre del 2017- y la fecha de emisión de la orden de compra n° 80-1154-OC18, del 6 de septiembre del 2018, el país se vio inmerso en un proceso de recrudecimiento de la inflación combinado esto con una devaluación del peso frente al dólar muy importante, lo que se tradujo en un aumento significativo de los costos de fabricación» de sus productos.
Desde la cartera de Salud se subrayó que el instrumento de renegociación de precios «es un mecanismo de aplicación restrictiva cuya utilización debe encontrarse sumamente justificada». Y remarcan sobre ello que «Pharmos, como otras firmas experimentadas y habituadas a cotizar en licitaciones de esta naturaleza, no ignoran los tiempos de tramitación e incluyen en el valor de sus propuestas la proyección de sus costos, con el objeto de asegurar la rentabilidad de la contratación«.
Por ello, la empresa detalló sus «nuevos precios» para cada renglón adjudicado, «fundamentándolos en la evolución del índice de precios Internos al por mayor -IPIM- y al aumento de los gastos de fabricación, de los salarios y el dólar, durante el período comprendido entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018″.
Ahora se señala que la renegociación de Pharmos fue aprobada por la ex Secretaría de Gobierno de Salud eludiendo la obligatoria intervención del Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y de la entonces ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, en violación de las normas vigentes y atentando contra los principios que rigen las contrataciones públicas«. En este agosto de cuarentena se afirma que se obligó al Estado a pagar $16.2 millones (u$s 257.1 mil*) adicionales a la suma aprobada originalmente en la adjudicación.
A su vez se explicó que la Oficina Nacional de Contrataciones se ha pronunciado reiteradamente acerca de las condiciones que deben verificarse a fin de hacer lugar a una renegociación de precios. En estos casos, se explicitó que el proveedor del Estado debe acreditar el acaecimiento de circunstancias externas e imprevisibles, sobrevinientes a la celebración del contrato y que hayan alterado de modo decisivo el equilibrio contractual. A tal fin, subrayan, que en esa circunstancia se deberá acompañar la documentación pertinente junto a una explicación de la afectación que las mismas pudieron haber tenido sobre las obligaciones que sobre él recaen.
Según lo detalla la resolución publicada en el Boletín Oficial, el precio finalmente abonado a consecuencia de la irregular renegociación terminó siendo mayor que el cotizado por otro proveedor que perdió paradójicamente por precio. En este caso, el que resultó perjudicado fue el laboratorio nacional Denver Farma, quien perdió la compulsa respecto del renglón 47 de la licitación 27/17.
Y se puntualizó que «considerar en la renegociación el plazo que duró la tramitación de la contratación -que no fue distinto de licitaciones similares- así como proyectar la actualización hasta la finalización del contrato no sólo resulta de ilegalidad manifiesta, sino que además atenta contra el principio de igualdad y concurrencia de los interesados y oferentes. De hecho, afirman que el precio finalmente abonado a consecuencia de la irregular renegociación terminó siendo mayor que el cotizado por otro proveedor que perdió paradójicamente por precio. En este caso, el que resultó perjudicado fue el laboratorio nacional Denver Farma, quien perdió la compulsa respecto del renglón 47.
Y en tal sentido se remarcó que «la renegociación es un instrumento de aplicación restrictivo cuya utilización debe encontrarse sumamente justificada». Y se subrayó que «Pharmos, como otras firmas experimentadas y habituadas a cotizar en licitaciones de esta naturaleza, no ignoran los tiempos de tramitación e incluyen en el valor de sus propuestas la proyección de sus costos, con el objeto de asegurar la rentabilidad de la contratación».
En la misma línea, se explica que las autoridades gubernamentales de aquel momento aludieron en forma general al contexto macroeconómico, realizaron un cálculo considerando la evolución de variables durante 16 meses cuando -indican- que debían hacerlo sobre 49 días. También invocaron razones sanitarias, de sustentabilidad, presupuestarias y de oportunidad, todo ello para arribar a una actualización de precios a favor del proveedor de más del 50%.
En las medidas tomadas ayer, la cartera sanitaria determinó la apertura de un sumario administrativo a fin de esclarecer los hechos y circunstancias relativos a la aprobación de dicho acto público. Además se instruyó a la Dirección de Asuntos Judiciales a formular una denuncia penal por la posible comisión de delito en perjuicio de la Administración Pública. En simultáneo, se instruyó a la Dirección de Asuntos Judiciales a que inicie acción de lesividad respecto de la resolución 2871/19 de la ex Secretaría de Gobierno de Salud del por entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social que tenía al frente en ese momento a Carolina Stanley.
*u$s 1 = $63,35 (Cotización BCRA – 1 de noviembre 2019)
Los precios de las licitaciones pre Fernández en análisis. #ComprasPúblicas #Licitaciones #RenegociaciónDePrecios #Cassará #Pharmos #Pharmabiz
