El Ministerio de Salud sigue desempolvando expedientes, procedimiento a través del cual se exponen los precios en diferentes licitaciones de medicamentos. Luego de haber revisado los términos bajo los cuales se aprobaron las órdenes de compra de Novartis y Klonal, ambas del 2017, y otra de Lazar, del 2019, hoy la cartera se expidió acerca de una compra que tiene como protagonista al grupo Bagó.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, hoy se vuelve a poner en jaque al ex Ministerio de Salud y Desarrollo Social por una licitación pública.
Una vez más, el gobierno pone en tela de juicio los contratos llevados a cabo durante la era Macri, cuyos precios fueron renegociados después de que cada contrato haya quedado perfeccionado. En medio de la pandemia, González García se encuentra revisando los archivos de la gestión anterior. De hecho, ya se dieron a conocer diferentes desacuerdos relativos a los precios pagados en un contrato a favor de Klonal y Novartis, del 2017, y en otro de Lazar, del 2019. Ver artículo Klonal. Ver artículo Novartis.
Y hoy, martes 7 de julio, a otro expediente de precios le llegó su revisión pública. Fue el encuadrado en la licitación pública 27/17 de medicamentos esenciales para el ex CUS. Al igual que a Novartis, el Estado le había aprobado al laboratorio Bagó la orden de compra 80-1147-OC18, que -actualización mediante- implicó una suma total de $3.3 millones (u$s 45,1 mil*). El trámite había sido avalado en septiembre del 2019, un año después de que la compañía resultara adjudicataria por $13.6 millones (u$s 183,1 mil*). Ver resolución 1176.
Se detalla que el acuerdo se realizó eludiendo la intervención del Jefe de Gabinete y la -por entonces- ministra de Salud y de Desarrollo Social. Se explica que esto viola las normas vigentes y que atenta contra los principios que rigen las contrataciones de la Administración Nacional.
La compañía nacional argumentó en ese entonces que el reajuste solicitado se fundamentó en «el contexto macroeconómico y la alteración de las variables económicas y financieras suscitadas en los últimos meses del año 2018, circunstancias difíciles de prever para las partes al momento de perfeccionarse el contrato, que pudieron tornar excesivamente onerosa la prestación».
A pesar de eso, y de acuerdo a lo detallado en el documento publicado en el Boletín Oficial, la cartera sanitaria instruyó a su Dirección de Asuntos Judiciales a que inicie acciones de lesividad respecto de la resolución de la ex Secretaría de Gobierno de Salud, en ese entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, al mando de Carolina Stanley.
Según se consigna en la resolución, durante el procedimiento de contratación y hasta el perfeccionamiento del contrato, Bagó tenía la posibilidad de retirar la oferta si no le resultaba conveniente. Pero, puntualiza el documento, que no es tolerable bajo ningún aspecto que una vez aceptado el contrato, la Administración le reconozca días después sumas adicionales sin sustento legal alguno.
Además, se afirma que la renegociación fue realizada eludiendo la obligatoria intervención del Jefe de Gabinete de Ministros y de la entonces ministra de Salud y Desarrollo Social, en violación a las normas vigentes y atentando contra los principios que rigen las contrataciones de la Administración Nacional, en particular los de «transparencia e igualdad de tratamiento».
(*) Al lunes 6/7/20 las cifras u$s 183,1 mil y u$s 45 mil corresponden a $13.6 millones y $3,3 millones respectivamente. (u$s 1 = $ 74,60, tipo de cambio vendedor Banco Nación 30/06)
