El Senado finalmente aprobó por unanimidad la ley que otorga diferenciales tributarios a las empresas de farma cuya facturación abreva en un 70% en la Biotecnología. El nuevo documento establece reducciones e incentivos fiscales que comenzarán a estar vigentes el 1 de enero del 2020.
La Cámara Argentina de Biotecnología está con los pulgares arriba. La ley que suma ventajas fiscales al sector y que fue aprobada ayer en el Senado había sido impulsada por Hugo Sigman, cabeza del grupo Insud y referente de la CAB.
Después de que el texto haya sido avalado por unanimidad en la Cámara alta ya es una realidad lo que se dio en llamar el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Aunque el mismo entrará en vigor recién el 1 de enero del próximo año, y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2029.
Las empresas del sector que podrían acogerse a estos beneficios son por caso Sinergium Biotech, enfocada en vacunas para el sector público; el laboratorio Elea-Phoenix, en donde también manda Hugo Sigman y que quiere avanzar en el negocio de los biosimilares; Bioprofarma, la empresa de biosimilares del grupo Bagó; el laboratorio Biosidus; Gema, del grupo Mega Labs; entre otras. Ver cámara.
Las compañías que se encuadren dentro de esta ley tendrán por caso un importante beneficio en un país en el que las reglas de juego cambian de manera permanente. El mismo es el de la estabilidad fiscal lo que implica que no se podrán generar nuevos impuestos ni modificar los ya vigentes a nivel nacional hasta el 2030.
Aunque la ley consigna específicamente que sólo podrán inscribirse en el nuevo régimen aquellas firmas en las que el porcentaje de facturación en las actividades promovidas -en este caso la biotecnología– represente al menos el 70% de su facturación total.
Yendo a los beneficios concretos, las empresas que quieran ser partícipes de este régimen tendrán por caso estabilidad fiscal. Esto significa que no se podrán crear nuevos impuestos ni modificar el régimen fiscal vigente a nivel nacional. A la vez que se invita a las provincias a adherirse.
Las compañías de bio también conseguirán reducción en las contribuciones patronales, las que se harán efectivas a través de un adelanto del mínimo no imponible que la reforma tributaria prevé para el 2022. En paralelo, el Estado otorgará un bono fiscal que sumado a la reducción mencionada, en números aproximados y según los cálculos realizados por Pharmabiz, podría representar en la actualidad un ahorro constante y sonante de $6.500 mes sobre un salario bruto de $50.000. Para una dotación de 400 personas el ahorro total sería de $2.6 millones.
La ley también prevé una reducción en la alícuota del impuesto a las ganancias. La misma será del 15% frente al 35% que hoy pagan las empresas inscriptas dentro del régimen general. A su vez las empresas beneficiarias no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones del IVA.
En paralelo, y como parte de las obligaciones que deberán asumir las compañías, corresponde de los beneficios fiscales otorgados destinar un 4% para solventar auditorías y un 1.5% anual para el Fondo Fiduciario que solventará el desarrollo del capital emprendedor.
